La Comisión Anticorrupción determinó la existencia de cheques girados por Luis Peñaranda a varios diputados. Él fue detenido en Miami por ilegal y llegó al país en septiembre del 2001.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre la red de corrupción de Peñaranda se hubieran podido detener.

En el primer semestre de 1997, durante la administración de Abdalá Bucaram, se revela la creación de una red de corrupción en la que estaban involucrados varios diputados.

Desde una oficina, algunos legisladores ofrecían ayuda a colegios en forma de donaciones de equipos de computación. Las máquinas las vendía Luis Peñaranda con un sobreprecio pagado con los fondos gestionados por los diputados.

El caso salta un 20 de enero cuando Miguel Campaña, asesor del diputado Santiago Bucaram, hermano del Presidente de la República, denuncia la utilización de partidas presupuestarias a cargo del legislador del oficialismo. Luis Peñaranda sale del país con rumbo a Miami el mismo día en que se extiende una orden de prisión en su contra.

El tema se vuelve un escándalo nacional revelado por la prensa. La Comisión Anticorrupción determina la existencia de cheques girados por Peñaranda a varios diputados, mientras que el Congreso expulsa a 18 legisladores involucrados en el ilícito.

La Corte Suprema de Justicia sindica de asociación ilícita a los involucrados por cometer los delitos de concusión, cohecho y disposición ilícita de fondos públicos con el grupo de empresas ficticias organizadas por Luis Peñaranda y Guillermo Cárdenas, los que se sirvieron de la intermediación del entonces diputado Santiago Bucaram.

Peñaranda, en Miami, es detenido por su condición de ilegal y luego del proceso de extradición llega al país en septiembre del 2001. En el 2002 es sentenciado a ocho años de reclusión por el delito de peculado. La Corte confirmó la pena de cinco años de prisión a los ex diputados Santiago Bucaram (PRE), Hermel Campana (antes del DP), Milton Fabara (militó en el PSC), Homero Fuertes (ex integrante del PCE), Mario Meza Freire (antes del ID) y Marcelo Saltos (militó en el PCE).

Bucaram nunca fue apresado. En el 2007, la CSJ declaró prescrita la pena, mientras que Peñaranda salió libre en el 2004 al acogerse a la norma del 2×1.

Proyecto de Ley de Comunicación del asambleísta Rolando Panchana

Este proyecto inicial  fue cambiado por uno de la legisladora Betty Carrillo, pero puede volver al debate en la Asamblea.

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Bastaría, entonces, que solo una de las partes incomodadas por las publicaciones, judicializara el tema, para detener la información periodística.