En el régimen de Lucio Gutiérrez (2003-2005), la práctica de poner a parientes del gobernante en cargos públicos fue evidente. Las acusaciones de nepotismo y de que esos funcionarios accedían a privilegios ilegales, en algunos casos económicos, aparecieron en la prensa nacional.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre las denuncias de nepotismo y sus implicaciones durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez se hubieran podido detener.

En el régimen de Lucio Gutiérrez (2003-2005), la práctica de poner a parientes del gobernante en cargos públicos fue evidente. Las acusaciones de nepotismo y de que esos funcionarios accedían a privilegios ilegales, en algunos casos económicos, aparecieron en la prensa nacional.

Renán Borbúa, primo de Lucio Gutiérrez, admite que el Presidente aprobó el nombramiento de nueve familiares suyos en puestos de libre remoción en entidades estales y diplomáticas.

Uno de ellos, el más polémico, el de Napoléon Villa, cuñado del Jefe de Estado, a quien se nombra presidente del Fondo de Solidaridad, cargo que solo ejerce durante dos meses por la presión de la opinión pública. Otro es el de Aníbal Borbúa, tío de Lucio Gutiérrez, a quien se designa gerente del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).

A Paola Gutiérrez, hermana de Lucio, se la nombra coordinadora general en el Banco del Estado, y recibe un adelanto de salario por el valor de 36 mil dólares con solo cinco meses en el cargo. La Comisión Fiscalizadora del Congreso pide una explicación.

Mientras, a Janeth, otra hermana del Presidente, quien colabora con él en la oficina presidencial, la involucra una de las detenidas en el caso de narcotráfico Aniversario al declarar que cenó en Quito, junto a su esposo, Napoleón Villa, con el presunto narcotraficante, César Fernández. La Comisión de Fiscalización del Congreso decide investigar las cuentas bancarias de varias personas vinculadas a la campaña de Lucio Gutiérrez, entre ellas las de su hermana Janeth. Se sospecha de un aporte de César Fernández .

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Este proyecto inicial fue cambiado por uno de la legisladora Betty Carrillo, pero puede volver al debate en la Asamblea.

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Bastaría, entonces, que solo una de las partes incomodadas por las publicaciones, judicializara el tema, para detener la información periodística.