Alberto Acosta (i), ex comentarista de televisión y ex editorialista de diario Hoy. Rodrigo Fierro (d), columnista de diario El Comercio, premio nacional Eugenio Espejo por sus contribuciones a la ciencia.

El ejercicio de la opinión en los medios de comunicación ha tenido previas dificultades en el pasado. La propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo establece algunas puntualizaciones al respecto.

Dos casos pueden simbolizar las dificultades que han pasado editorialistas por emitir criterios en sus espacios de opinión. El primero, el de Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, que en sus tiempos de comentarista fue condenado judicialmente por emitir una opinión en su espacio de televisión de Ecuavisa.

Y el segundo, el del doctor Rodrigo Fierro, enjuiciado por el ex presidente de la República y ex alcalde de Guayaquil,  León Febres-Cordero.

Acosta, según lo relata diario Hoy, donde era columnista, fue condenado, en 1995, en primera instancia, a dos años de prisión por hacerse eco de una denuncia en torno a la existencia de financieras fantasmas. Hoy lo calificó como “hecho inédito en el periodismo”.

“Es un funesto precedente para impedir la libre expresión en el país. No se trata de un caso a ser personalizado, no quiero que sea eso, sino que se torne en una oportunidad para reflexionar sobre responsabilidad de los comunicadores y los derechos que les asisten para ejercer su tarea”, argumentó Acosta en una entrevista con diario Hoy.

Mientras, Fierro enfrentó una sentencia de seis meses de prisión en el 2003 por escribir un artículo en diario El Comercio titulado ‘Febres-Cordero en su sitio’. En el texto, Fierro mencionó a León como “protagonista del contubernio entre la gestión política y la conducción económica del Estado al servicio de la oligarquía plutocrática que ha gobernado al país”.

Fierro apeló la sentencia y el 13 de diciembre la Corte Superior de Quito la confirmó, pero la redujo a 30 días de prisión correccional, más el pago de seis dólares.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO

Art. 11.- Responsabilidad ulterior.- El ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución. Tratados internacionales vigentes y la Ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos.

Carlitos Mora, que al momento de infectarse tenía 9 años, en todo este proceso se convierte en un ícono en la lucha contra la adversidad.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre los procesos judiciales contra los responsables del contagio de VIH/sida a afiliados del IESS se hubieran podido detener.

En noviembre de 1995, 21 pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se contagian de VIH en la clínica de diálisis del doctor Galo Garcés Barriga.

Las investigaciones policiales, en febrero de 1996, concluyen que hubo negligencia en el manejo de la clínica y luego se dicta, a nivel judicial, un auto cabeza de proceso contra Galo Garcés Barriga, Galo Garcés Lituma y otros implicados.

El principal acusado, Galo Garcés Barriga, es detenido, pero recupera su libertad luego de cumplir un año sin sentencia. La prensa se hace eco del drama de los infectados, que poco a poco, a lo largo de los años van muriendo, víctimas de las complicaciones del sida.

Garcés Barriga se va a los Estados Unidos, donde, según el diario El Nuevo Herald, es un “médico ejemplar” en el Hospital Jackson Memorial. En el 2001, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico, niega la solicitud de extradición de él y su hijo, Galo Garcés Lituma. El 13 de agosto del 2001 prescribe el juicio por el delito contra la salud y en el 2003, los tribunales Segundo y Tercero de lo Penal del Guayas ordenan, mediante providencia, que la Policía debe abstenerse de aprehender a los médicos con lo cual dejaron abierta la posibilidad de que estos regresen al país.

En el 2007, los familiares de los 20 fallecidos y Carlos Mora Peñafiel, único sobreviviente, demandan al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno de los demandantes exige  una indemnización de un millón de dólares.
Carlitos Mora, que al momento de infectarse tenía 9 años, en todo este proceso se convierte en un ícono en la lucha contra la adversidad.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Este proyecto inicial fue cambiado por uno de la legisladora Betty Carrillo, pero puede volver al debate en la Asamblea.

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Bastaría, entonces, que solo una de las partes incomodadas por las publicaciones  judicializara el tema para detener la información periodística.

En el régimen de Lucio Gutiérrez (2003-2005), la práctica de poner a parientes del gobernante en cargos públicos fue evidente. Las acusaciones de nepotismo y de que esos funcionarios accedían a privilegios ilegales, en algunos casos económicos, aparecieron en la prensa nacional.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre las denuncias de nepotismo y sus implicaciones durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez se hubieran podido detener.

En el régimen de Lucio Gutiérrez (2003-2005), la práctica de poner a parientes del gobernante en cargos públicos fue evidente. Las acusaciones de nepotismo y de que esos funcionarios accedían a privilegios ilegales, en algunos casos económicos, aparecieron en la prensa nacional.

Renán Borbúa, primo de Lucio Gutiérrez, admite que el Presidente aprobó el nombramiento de nueve familiares suyos en puestos de libre remoción en entidades estales y diplomáticas.

Uno de ellos, el más polémico, el de Napoléon Villa, cuñado del Jefe de Estado, a quien se nombra presidente del Fondo de Solidaridad, cargo que solo ejerce durante dos meses por la presión de la opinión pública. Otro es el de Aníbal Borbúa, tío de Lucio Gutiérrez, a quien se designa gerente del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).

A Paola Gutiérrez, hermana de Lucio, se la nombra coordinadora general en el Banco del Estado, y recibe un adelanto de salario por el valor de 36 mil dólares con solo cinco meses en el cargo. La Comisión Fiscalizadora del Congreso pide una explicación.

Mientras, a Janeth, otra hermana del Presidente, quien colabora con él en la oficina presidencial, la involucra una de las detenidas en el caso de narcotráfico Aniversario al declarar que cenó en Quito, junto a su esposo, Napoleón Villa, con el presunto narcotraficante, César Fernández. La Comisión de Fiscalización del Congreso decide investigar las cuentas bancarias de varias personas vinculadas a la campaña de Lucio Gutiérrez, entre ellas las de su hermana Janeth. Se sospecha de un aporte de César Fernández .

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Este proyecto inicial fue cambiado por uno de la legisladora Betty Carrillo, pero puede volver al debate en la Asamblea.

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Bastaría, entonces, que solo una de las partes incomodadas por las publicaciones, judicializara el tema, para detener la información periodística.

La Comisión Anticorrupción determinó la existencia de cheques girados por Luis Peñaranda a varios diputados. Él fue detenido en Miami por ilegal y llegó al país en septiembre del 2001.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre la red de corrupción de Peñaranda se hubieran podido detener.

En el primer semestre de 1997, durante la administración de Abdalá Bucaram, se revela la creación de una red de corrupción en la que estaban involucrados varios diputados.

Desde una oficina, algunos legisladores ofrecían ayuda a colegios en forma de donaciones de equipos de computación. Las máquinas las vendía Luis Peñaranda con un sobreprecio pagado con los fondos gestionados por los diputados.

El caso salta un 20 de enero cuando Miguel Campaña, asesor del diputado Santiago Bucaram, hermano del Presidente de la República, denuncia la utilización de partidas presupuestarias a cargo del legislador del oficialismo. Luis Peñaranda sale del país con rumbo a Miami el mismo día en que se extiende una orden de prisión en su contra.

El tema se vuelve un escándalo nacional revelado por la prensa. La Comisión Anticorrupción determina la existencia de cheques girados por Peñaranda a varios diputados, mientras que el Congreso expulsa a 18 legisladores involucrados en el ilícito.

La Corte Suprema de Justicia sindica de asociación ilícita a los involucrados por cometer los delitos de concusión, cohecho y disposición ilícita de fondos públicos con el grupo de empresas ficticias organizadas por Luis Peñaranda y Guillermo Cárdenas, los que se sirvieron de la intermediación del entonces diputado Santiago Bucaram.

Peñaranda, en Miami, es detenido por su condición de ilegal y luego del proceso de extradición llega al país en septiembre del 2001. En el 2002 es sentenciado a ocho años de reclusión por el delito de peculado. La Corte confirmó la pena de cinco años de prisión a los ex diputados Santiago Bucaram (PRE), Hermel Campana (antes del DP), Milton Fabara (militó en el PSC), Homero Fuertes (ex integrante del PCE), Mario Meza Freire (antes del ID) y Marcelo Saltos (militó en el PCE).

Bucaram nunca fue apresado. En el 2007, la CSJ declaró prescrita la pena, mientras que Peñaranda salió libre en el 2004 al acogerse a la norma del 2×1.

Proyecto de Ley de Comunicación del asambleísta Rolando Panchana

Este proyecto inicial  fue cambiado por uno de la legisladora Betty Carrillo, pero puede volver al debate en la Asamblea.

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Bastaría, entonces, que solo una de las partes incomodadas por las publicaciones, judicializara el tema, para detener la información periodística.

Uno de los impulsores del proyecto de Ley de Comunicación, Rolando Panchana, estuvo a cargo de la investigación del caso Garita 3 que evidenció irregularidades en la CTG.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, el ex periodista Rolando Panchana no hubiera podido participar en la elaboración de los reportajes periodísticos sobre el caso Garita 3.

El caso Garita 3, que evidenció actividades irregulares dentro de la Comisión de Tránsito del Guayas con ramificaciones políticas, no se hubiera podido difundir, tal como se lo hizo en su época, con varias de las propuestas que están por tratarse en la Asamblea y con otras que, se asegura, han sido archivadas para la Ley de Comunicación. Uno de los impulsores de este proyecto de ley, Rolando Panchana, estuvo a cargo de la investigación. Hoy es asambleísta del partido de Gobierno.

Un reportaje de Ecuavisa, a cargo del periodista Rolando Panchana, descubre en junio de 1997 una red de cobro de coimas a cooperativas de transporte en la Terminal Terrestre de Guayaquil. El caso salpica a un diputado, Franklin Verduga, del Partido Social Cristiano, y a personal de la Comisión de Tránsito del Guayas.

A Verduga, hermano del ministro de Gobierno César Verduga en el régimen de Fabián Alarcón, se lo acusa de arrogarse funciones en la CTG. La Comisión de Fiscalización del Congreso impulsa un pedido de descalificación del diputado por este hecho. El informe determina que Verduga “abusó del poder político” cuando posesionó al presidente alterno y a otros diez funcionarios de la CTG sin estar facultado para ello. También encuentra presunciones de responsabilidad y señala al diputado como uno de los probables beneficiarios de las extorsiones a choferes cometidas en la garita número 3.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero, dicta, en diciembre de 1997, auto cabeza de proceso y sindica, sin orden de prisión, a Verduga y a varios miembros de la CTG. Pasan cinco años y en diciembre del 2002, a un día de prescribir el caso, el presidente de la CSJ, Armando Bermeo, condena a cuatro años de prisión al ex diputado del PSC Franklin Verduga por el delito de concusión.  Luego, el 30 de marzo del 2004, la Primera Sala de lo Penal de la CSJ absuelve, por falta de pruebas, a Verduga. La sentencia fue suscrita por los magistrados Carlos Riofrío y Eduardo Brito.

Rolando Panchana, quien usó la técnica de cámara oculta durante la elaboración de la noticia, afirma al día siguiente que se ratifica en su trabajo: “Me ratifico en todos los términos de la investigación. Me llama la atención, como a cualquier persona, el cambio de criterio tan radical de los jueces. Pero ellos tienen la responsabilidad de administrar la justicia, no yo. Ellos saben por qué lo hacen”.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO

Art. 47.- Del ejercicio de los Profesionales en Comunicación y Periodismo.- Los medios de comunicación deben construir condiciones para asegurar la calidad y la responsabilidad del manejo de la información. Las direcciones editoriales y la elaboración de la noticia en los medios, deberán estar a cargo solo de Periodistas Profesionales o Comunicadores Sociales titulados. Estos requisitos aplican para medios privados, públicos y comunitarios.

Bajo el artículo 47, Rolando Panchana nunca hubiera podido elaborar la noticia de Garita 3 porque no es periodista profesional.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Este articulado fue planteado en una propuesta inicial. Se decidió quitarlo, pero podría volverse a tratar en los debates.

Artículo 22.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los medios de comunicación social lo siguiente:
Difundir información que sea producto de uso de cámaras ocultas, grabadoras escondidas, teleobjetivos y métodos de encubrimiento, que impliquen intromisión en la vida privada de las personas y que viole su intimidad, salvo en los casos autorizados por autoridad competente.

Bajo este articulado, demasiado subjetivo y que se presta a múltiples interpretaciones, este y otros casos de corrupción podrían ser objeto de prohibiciones y de autocensuras en los medios.

En 1999 el presidente Jamil Mahuad tomó una medida inédita: un feriado bancario. Con los bancos cerrados por varios días se hizo evidente el pánico ciudadano.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre el feriado y congelamiento bancario durante el gobierno de Jamil Mahuad, se hubieran podido detener.

En marzo de 1999, la economía del Ecuador se desploma. La inflación es galopante, la devaluación del sucre se acelera por la debilidad de la moneda nacional y los bancos comienzan a sufrir retiros de sus depósitos por la desconfianza generalizada en el sistema. En esa situación, y con una credibilidad política en deterioro, el presidente Jamil Mahuad toma una medida inédita para el país: un feriado bancario. Los bancos se cierran por varios días, en medio del pánico de la ciudadanía y de un paro nacional contra el Gobierno.

Al feriado bancario se suma otra decisión desconocida: el congelamiento de los depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, en sucres y dólares, en un principio a un año plazo, que luego fue paulatinamente haciéndose más flexible. La prensa, con este marco de información delicada para la estabilidad económica del país, cumple su papel de informar a una ciudadanía desesperada por datos.

La crisis financiera genera agitación y una secuela de hechos que minan a diversas entidades del sector. Jamil Mahuad, con todo este clima de convulsión social, cae derrocado el 21 de enero del 2000, una vez que una movilización del sector indígena, con apoyo de mandos militares entre los que estaba el coronel Lucio Gutiérrez, irrumpe en el Congreso y avanza hacia Carondelet. Un triunvirato sin fuerza intenta tomar el poder, al que solo acceden por tres horas. Las Fuerzas Armadas presionan y se decide la sucesión constitucional. El vicepresidente de la República, Gustavo Noboa, asume la primera magistratura.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO
Art. 102.- Causas para la suspensión (de un medio).- Se aplicará la suspensión en los siguientes casos:
Realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública.

Con este articulado, bastaría con que el Gobierno, en un caso similar, amenazara con aplicar una suspensión aduciendo que la información que se emite atenta contra la seguridad interna y externa del Estado.

La crisis bancaria y leyes permisivas que degeneraron en malos manejos en las instituciones financieras provocaron la caída de trece bancos (diez de ellos manejados por la AGD) y varias entidades más del sector.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre el salvataje bancario y todas sus implicaciones hubieran podido detenerse.

El 28 de noviembre de 1998, el Congreso ecuatoriano aprueba la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Una fecha, dentro del gobierno de Jamil Mahuad, que es clave para entender todo un proceso de crisis económica que marcó a los ecuatorianos.

La crisis bancaria y leyes permisivas que degeneraron en malos manejos en las instituciones financieras provocaron la caída de trece bancos (diez de ellos manejados por la AGD) y varias entidades más del sector. Ello originó un salvataje estatal que hasta ahora, dada la magnitud de la situación, no puede ser cuantificado con precisión pese a algunas cifras oficiales. Fueron miles de millones de dólares de pérdidas que tuvo que asumir el Estado ecuatoriano. Al 30 de abril del 2008, el hueco o déficit patrimonial que dejaba en herencia la AGD era de $ 3.345 millones, lo que equivale a una tercera parte de la deuda externa. Y según una comisión creada por el actual Gobierno, el salvataje costó $ 8.072 millones.

La prensa independiente, durante todo el proceso de crisis que vivió el país, jugó un rol importante. Advirtió, cuestionó, criticó silencios de una parte de los medios con vinculaciones en la banca, soportó amenazas, juicios, reveló arreglos, descubrió corrupción…

Y también mostró todo el drama de ese nuevo Ecuador que nació a la luz de la crisis. Un Ecuador que volvió a ser un país de éxodo. Que envió a Europa y Estados Unidos a miles de personas que huían de la crisis económica. Que huían de la inoperancia política. La prensa mostró esa y múltiples caras más que fueron la herencia de un salvataje que aún hoy, once años después, cobra algunas facturas.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO
Art. 102.- Causas para la suspensión (de un medio).- Se aplicará la suspensión en los siguientes casos:
Realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública.

Con este articulado, bastaría con que el Gobierno, en un caso similar, amenazara con aplicar una suspensión aduciendo que la información que se emite atenta contra la seguridad interna y externa del Estado.

Sixto Durán-Ballén llega a pedirle públicamente a su vicepresidente Alberto Dahik que renuncie, para que pueda defenderse libremente, pero él no lo hace, y califica de infamia a las acusaciones y afirma que se defenderá en el Congreso.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre los gastos reservados y sus implicaciones en 1995, durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén, se hubieran podido detener.

La publicación de una columna de opinión del subdirector de diario Expreso, Jorge Vivanco, desata un escándalo nacional y un dominó de hechos. En ella se afirma, sin citar la fuente (que pronto se supo que era el vicepresidente de la República, Alberto Dahik), que el régimen recibía chantajes de diputados y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores exigían dinero para lograr capital político a través de obra pública y también para aprobar leyes. Los jueces lo pedían para declarar constitucionales ciertas resoluciones que interesaban al Gobierno.

La oposición, encabezada por el Partido Social Cristiano, pide juicio político contra el vicepresidente. La Fiscalía considera que hay elementos para procesarlo penalmente y luego el presidente de la CSJ, Miguel Macías, ordena un juicio penal contra Dahik y sus secretarios, Gladys Merchán y Juan Crespo, a quienes acusa de prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito.

Durán-Ballén llega a pedirle públicamente a su vicepresidente que renuncie, para que pueda defenderse libremente, pero Dahik no lo hace, y califica de infamia a las acusaciones y afirma que se defenderá en el Congreso. El 30 de septiembre de 1995, el entonces vicepresidente acude al Legislativo y se declara un “perseguido político”. Luego el Congreso inicia el juicio político, pero no logra los votos necesarios para su censura y destitución. Se lo declara inocente en ese ámbito, pero en la querella penal por malversación se dicta orden de prisión preventiva, lo que genera su renuncia y posteriormente su pedido de asilo político a Costa Rica.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO
Art. 102.- Causas para la suspensión (de un medio).- Se aplicará la suspensión en los siguientes casos:

Realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública.

Con este articulado, bastaría con que el Gobierno, en un caso similar, amenazara con aplicar una suspensión aduciendo que la información que se emite atenta contra la seguridad interna y externa del Estado.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre Ricardo Patiño, ex ministro de Economía y actual ministro coordinador de la Política, se hubieran podido detener.

La transmisión de Teleamazonas de un video con cámara oculta de una reunión en la que participó el ministro de la Economía, Ricardo Patiño, con representantes de una empresa asesora de tenedores de deuda externa y el ex ministro Armando Rodas, genera un debate sobre el manejo de información privilegiada en el tema de deuda internacional. El asunto también devino en denuncias sobre que el tratamiento de la deuda pública habría generado fuertes ganancias a dos bancos venezolanos y a tenedores ecuatorianos.

Patiño reveló que él ordenó la grabación para desenmascarar a chantajistas internacionales. El caso abrió una etapa de investigación por supuesta especulación financiera con el pago de los intereses de los bonos Global 2030, pero luego fue archivado.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO
Art. 102.- Causas para la suspensión (de un medio).- Se aplicará la suspensión, en los siguientes casos:
Realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública.

Con este articulado, bastaría que el Gobierno amenazara con aplicar una suspensión aduciendo que la información que se emite atenta contra la seguridad interna y externa del Estado.

Los padres de los niños Restrepo expresaron durante muchos años cada semana su inconformidad porque nunca aparecieron los cuerpos.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre la desaparición de los hermanos Restrepo se hubieran podido detener.

Los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo desaparecen el 8 de enero de 1988. Sus padres empiezan su búsqueda en medio de dudas y contradicciones de la Policía. Una búsqueda incesante que dura años, no solo por encontrar sus cuerpos, sino por esclarecer los responsables y qué mismo pasó con los jóvenes de 18 y 15 años. Una búsqueda, también, que fue clave para que el Ecuador, debido a la perseverancia de los Restrepo y a través de su prensa, comenzara a debatir con fuerza sobre los derechos humanos. Sobre la necesidad de exigir claridad y transparencia de sus autoridades.

Dos años después, el presidente Rodrigo Borja forma una comisión internacional para investigar la desaparición, que se dio al final de la presidencia de León Febres-Cordero, un gobierno polémico, al que se acusó de violentar derechos humanos, de fuerte crítica contra la prensa y marcado por la represión contra organizaciones nacientes de guerrilla. Durante el mandato de Borja comienzan a aparecer acusaciones entre policías y detenciones contra varios uniformados y agentes del entonces Servicio de Investigación Criminal (SIC). Las investigaciones demuestran que los jóvenes fueron asesinados por excesos policiales. Incluso un ex policía, Hugo España, que acusó a varios miembros de la policía de la desaparición de los jóvenes, reveló que los cuerpos fueron tirados a la laguna de Yambo. La Corte Interamericana de Justicia dictaminó crimen de Estado el caso y logró un acuerdo para que el Ecuador pague 2 millones de dólares de indemnización a sus padres. Aún hoy, 21 años después, no aparecen sus cuerpos.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO
(Hasta este viernes se proponía esto. Se decidió quitarlo, pero podría volverse a tratar en los debates).

Limitaciones a la libertad de expresión, comunicación e información.- El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión tienen las siguientes limitantes:

Los juicios de opinión que generen vulneración a la imparcialidad del sistema de administración de justicia. Este principio es para precautelar el estado de inocencia de las personas. Sin que esta restricción impida la investigación y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, Instrumentos Internacionales vigentes y esta Ley.

Con esta limitación, hubiera bastado que se interponga una queja judicial que indique que alguna información con opinión de alguna fuente, o un texto de opinión de un editorial o columnista sobre este caso, o cualquier otro, influye en la vulneración a la imparcialidad del sistema de administración de justicia, para coartar publicaciones sobre el tema.