Paco Velasco en sus tiempos de periodista. Hoy es asambleísta del partido de Gobierno.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las emisiones de Radio La Luna, en Quito, dirigida por el hoy asambleísta de PAIS, Paco Velasco, que llamaron a protestar contra el régimen de Lucio Gutiérrez, se hubieran podido detener.

Las protestas en Quito contra el debilitado gobierno de Lucio Gutiérrez, en el 2005, tuvieron un momento clave con la convocatoria de radio La Luna a movilizaciones innovadoras en las calles de la capital. El líder de Sociedad Patriótica, afectado por una crisis institucional del país que dio paso a una renovación al margen de la ley de la Corte Suprema de Justicia, tuvo más dificultades cuando la nueva magistratura posibilitó el regreso del ex presidente de la República, Abdalá Bucaram, hasta ese momento asilado político en Panamá.

Radio La Luna, a través de su director y principal voz, Paco Velasco, hoy asambleísta de Alianza PAIS, utiliza los micrófonos de la emisora para convocar a los autodenominados “forajidos”, que asumieron ese nombre de combate luego de que así los llamara el presidente Gutiérrez. Velasco asegura que este tipo de protestas son ideadas por la comunidad y que la radio lo que hace es ‘mediarlas’.

Por ocho días, La Luna incitó a sus seguidores a salir a las calles y hacer protestas con nombres como “el tablazo”, “el rollazo” (con el que se exhibía papel higiénico para limpiar al régimen del ‘Sucio’ Gutiérrez); “el reventón”, “el golpe de estadio (gritar en los estadios de fútbol contra el Gobierno).

Las protestas en las calles de Quito se incrementaron día a día. El 20 de abril, con una víctima ya en las calles por el uso policial de gas lacrimógeno, y cercado por miles de quiteños, Lucio Gutiérrez pierde el apoyo de las Fuerzas Armadas, huye en un helicóptero y el vicepresidente Alfredo Palacio es posesionado por el Congreso, que se autoconvoca en las oficinas de Ciespal.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO
Artículo 106.- Causas para la suspensión (de un medio).- Se aplicará la suspensión, en los siguientes casos:
Realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública.

Con este articulado, bastaría que el Gobierno amenazara con aplicar una suspensión aduciendo que la información que se emite, atenta contra la seguridad interna y externa del Estado.

El ataque militar colombiano a una base de la guerrilla de las FARC en la zona de Angostura en Sucumbios, el 1 de Marzo del 2008 dejó 25 muertos.

Con la propuesta de ley de comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre las implicaciones del ataque colombiano al campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano, se hubieran podido detener.

El ataque militar colombiano a una base de la guerrilla de las FARC, en la zona de Angostura, en Sucumbíos, el 1 de marzo del 2008, dejó 25 muertos, una oleada de críticas por la violación de la soberanía, y también informaciones en las que se acusa de vinculación de altos funcionarios del gobierno ecuatoriano con el grupo rebelde colombiano.

Ecuador rompe diplomáticamente con Colombia, quien comienza a divulgar el contenido de supuestas informaciones halladas en computadoras de Raúl Reyes, el segundo líder de las FARC, muerto en el ataque. Los informes acusan de cercanía con la guerrilla al entonces ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, y a su ex subsecretario, José Ignacio Chauvin, a quien luego, en el Ecuador, se lo involucra judicialmente en el caso Huracán de la Frontera, con el cual la Policía incautó 4.8 toneladas de cocaína en la hacienda Campanita, en Esmeraldas, empaquetadas con sellos que usan las FARC para marcar su droga. A Chauvin, quien asegura que a título personal se reunió siete veces con Raúl Reyes para buscar un intercambio humanitario, se lo acusa de asociación ilícita con los hermanos Ostaiza, acusados en el caso. El ex subsecretario se entrega a la policía el 4 febrero del 2009 y sale libre mediante un hábeas corpus el 30 de junio.

El Gobierno formó una Comisión de Transparencia y Verdad sobre Angostura, y con el pasar del tiempo Colombia hizo nuevas acusaciones contra el gobierno ecuatoriano. Una de ellas, un video del guerrillero Mono Jojoy en el que habla del supuesto aporte económico realizado por las FARC a la campaña de Rafael Correa en el 2006. Hasta el momento, las relaciones con Colombia siguen rotas, aunque ya hay un fuerte acercamiento diplomático para reanudarlas.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO
Art. 106.- Causas para la suspensión (de un medio).- Se aplicará la suspensión, en los siguientes casos:
Realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública.

Con este artículo, bastaría que el Gobierno amenazara con aplicar una suspensión aduciendo que la información que se emite atenta contra la seguridad interna y externa del Estado.

Asambleístas de la Comisión de Comunicación, César Montúfar (i), Rolando Panchana, Ángel Vilema y la presidente de la comisión Betty Carrillo, que analizan los artículos del Proyecto de Ley de Comunicación.

TÍTULO I

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS

CAPITULO III

DERECHOS

TITULO II

CAPITULO I

DE LOS CONTENIDOS

CAPITULO II

DE LA PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TITULO III

CAPITULO I

FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TITULO IV

CAPITULO I

DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

CAPITULO II

DE LOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES DEL SISTEMA

TITULO V

CAPITULO I

ORGANISMOS Y MECANISMOS DE REGULACION Y VIGILANCIA

RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

Ex Ministro Carrión

Con la propuesta de ley de comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre el Ministro del Deporte se hubieran podido detener.

La publicación de EL UNIVERSO sobre los incumplimientos en la entrega de obras para los XI Juegos Nacionales de Macas 2008, destapó una serie de irregularidades en el Ministerio del Deporte. El evento se inició el 14 de noviembre, sin la infraestructura terminada. El presidente de la República, Rafael Correa, negó las publicaciones de este Diario y dijo que se usaron fotos de archivo.

Primero la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia y luego la Contraloría establecieron irregularidades en el Ministerio del Deporte, que van desde indicios de enriquecimiento ilícito a pésima administración. Dos asesores del entonces ministro Raúl Carrión fueron aprehendidos en delito flagrante, cuando solicitaban comisiones para adjudicar contratos. Uno de ellos, Fernando Moreno, intentó comerse tres cheques de $ 9.763.

El Ministro, quien en su momento se ufanó de su amistad con Correa y se autocalificó como “dueño del circo”, renunció, desapareció y volvió a ser visto para declarar en la Fiscalía del Guayas, el 8 de enero del 2009. Allí se lo apresó por contratación irregular de obras.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Raúl Carrión, o cualquiera de sus asesores involucrados habrían podido detener las publicaciones periodísticas si se hubiera judicializado el tema.

Una investigación periodística de diario Expreso reveló los contratos con el Estado de empresas vinculadas a Fabricio Correa.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre Fabricio Correa se hubieran podido detener.

Una investigación periodística de diario Expreso reveló los contratos millonarios con el Estado de empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República. Ello desató un debate sobre la ética, supuestos privilegios y presuntas irregularidades en el manejo público.

Rafael Correa, en primera instancia, dijo que no había nada ilegal en el asunto, aunque luego ordenó la terminación unilateral de los contratos, hecho criticado por varios juristas que aseguran que con ello el Estado tendrá que indemnizar a las empresas.

EL UNIVERSO reveló luego más detalles sobre el escándalo, entre esos los de un préstamo de la CFN que se hizo al hermano del Presidente sin cumplir varias condiciones legales. El tema ha ido creciendo con diversas publicaciones de la prensa ecuatoriana, en las que incluso ex funcionarios aseguraron que con antelación se había advertido al Primer Mandatario de los contratos de su hermano. Rafael Correa siempre ha negado haber conocido los negocios que hacía Fabricio con el Estado, quien ahora se ha dedicado a ser un fuerte crítico de la gestión de los colaboradores cercanos del Presidente, a los que acusa de actos de corrupción.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN
DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Si este articulado se aprueba, bastaría que cualquier persona interesada, o que se sienta perjudicada por las publicaciones, judicializara el tema para detener los trabajos periodísticos.

Un intenso debate sobre los valores estudiantiles y el castigo apropiado para los estudiantes se generó a raíz de las fotografías publicadas por este Diario.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, unas reveladoras fotografías sobre el abuso a una menor no se hubieran podido publicar.

El 22 de octubre de 1996, una menor de edad fue manoseada por un grupo de estudiantes del colegio Vicente Rocafuerte. Ellos asistían, en el estadio Modelo de Guayaquil, a la final del campeonato intercolegial de fútbol.

El Vicente Rocafuerte se enfrentaba al colegio Ismael Pérez Pazmiño y la menor intentó acercarse a la barra estudiantil para vender entradas a un evento de Halloween. Los jóvenes la agarraron y manosearon varios minutos, e incluso le quitaron una prenda íntima que la exhibieron como trofeo, hasta que se dieron cuenta de que un equipo de EL UNIVERSO captaba el momento. Solo así la menor pudo ser soltada por la turba.

Un intenso debate sobre los valores estudiantiles y el castigo apropiado para los estudiantes se generó a raíz de las fotografías publicadas por este Diario.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Artículo 22.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los medios de comunicación social lo siguiente:
Difundir información que sea producto de uso de cámaras ocultas, grabadoras escondidas, teleobjetivos y métodos de encubrimiento, que impliquen intromisión en la vida privada de las personas y que viole su intimidad, salvo en los casos autorizados por autoridad competente.

Bajo este articulado, demasiado subjetivo y que se presta a múltiples interpretaciones, este y otros casos de corrupción podrían ser objeto de prohibiciones y de autocensuras en los medios

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Tener la información completa, la que gusta y la que no gusta usualmente a quienes ostentan el poder, es un derecho de los ciudadanos, y los medios no somos más que el vehículo que, con trabajo profesional  y responsable, la llevamos hasta sus manos, ojos y oídos cada día.Tener la información completa, la que gusta y la que no gusta usualmente a quienes ostentan el poder, es un derecho de los ciudadanos, y los medios no somos más que el vehículo que, con trabajo profesional  y responsable, la llevamos hasta sus manos, ojos y oídos cada día.
Pero ahora sentimos que ese derecho está en serio riesgo de ser vulnerado, cuando la Asamblea Nacional, con una mayoría de votos controlados por el gobierno de Rafael Correa, intenta aprobar una Ley de Comunicación con una fuerte carga de restricciones y sanciones que pueden llegar hasta el cierre de un medio como ‘castigo’. Y quedará para la historia que quienes instrumentan ese cambio, en desmedro de las audiencias, son justamente personas que trabajaron en medios de comunicación.
Es por eso que este diario inicia hoy una serie de publicaciones que buscan recordarles a los ciudadanos que su poder está no solo en informarse adecuadamente, sino en la posibilidad adicional de debatir, cuestionar, elegir, informarse, denunciar, expresarse, conocer sobre esos hechos a través de la prensa. Y lo hacemos justo en momentos en que comienzan ya a evidenciarse intenciones de imponer sanciones, con el reemplazo inusitado de textos que ya habían sido discutidos y aprobados dentro de la comisión creada por el oficialismo especialmente para tratar el tema del periodismo, al que Correa ha calificado como su principal rival político durante los casi tres años de gobierno.
Reciba entonces, amable lector, casos emblemáticos de los que, si hubieran estado vigentes las normas que ahora se intenta imponer, usted poco o nada habría sabido. Y recuerde que si callan a la prensa, lo callan a usted.EDITORIAL: La información es suya.
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Tener la información completa, la que gusta y la que no gusta usualmente a quienes ostentan el poder, es un derecho de los ciudadanos, y los medios no somos más que el vehículo que, con trabajo profesional  y responsable, la llevamos hasta sus manos, ojos y oídos cada día.
Pero ahora sentimos que ese derecho está en serio riesgo de ser vulnerado, cuando la Asamblea Nacional, con una mayoría de votos controlados por el gobierno de Rafael Correa, intenta aprobar una Ley de Comunicación con una fuerte carga de restricciones y sanciones que pueden llegar hasta el cierre de un medio como ‘castigo’. Y quedará para la historia que quienes instrumentan ese cambio, en desmedro de las audiencias, son justamente personas que trabajaron en medios de comunicación.
Es por eso que este diario inicia hoy una serie de publicaciones que buscan recordarles a los ciudadanos que su poder está no solo en informarse adecuadamente, sino en la posibilidad adicional de debatir, cuestionar, elegir, informarse, denunciar, expresarse, conocer sobre esos hechos a través de la prensa. Y lo hacemos justo en momentos en que comienzan ya a evidenciarse intenciones de imponer sanciones, con el reemplazo inusitado de textos que ya habían sido discutidos y aprobados dentro de la comisión creada por el oficialismo especialmente para tratar el tema del periodismo, al que Correa ha calificado como su principal rival político durante los casi tres años de gobierno.
Reciba entonces, amable lector, casos emblemáticos de los que, si hubieran estado vigentes las normas que ahora se intenta imponer, usted poco o nada habría sabido. Y recuerde que si callan a la prensa, lo callan a usted.

Una fotografía publicada en EL UNIVERSO mostró a un agente de civil llevándose a una persona con la cara cubierta.

Con la propuesta de ley de comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones del caso Fybeca se hubieran podido detener.

El 19 de noviembre del 2003, la farmacia Fybeca, en La Alborada, fue asaltada por delincuentes.  Según la Policía, un grupo de uniformados se percató del atraco, produciéndose un cruce de balas dentro del local. Murieron ocho personas: seis con antecedentes delictivos, el cliente Carlos Andrade y el mensajero de Fybeca, Guime Córdova. Junto a estos dos últimos la Policía colocó evidencias como granadas y armamento.

Una fotografía publicada por EL UNIVERSO mostró a un agente de civil llevándose detenida a una persona con la cara cubierta. La versión policial muestra fisuras. Luego se comprobó que hubo ejecuciones, montajes y que tres personas: Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar desaparecieron tras ser detenidas por la Policía. Nunca más se supo de ellas.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Bastaría, entonces, que solo una de las partes incomodadas por las publicaciones, judicializara el tema, para detener la información periodística.