El Caso Fabricio

Una investigación periodística de diario Expreso reveló los contratos con el Estado de empresas vinculadas a Fabricio Correa.

Una investigación periodística de diario Expreso reveló los contratos con el Estado de empresas vinculadas a Fabricio Correa.

Con la propuesta de Ley de Comunicación que plantea el oficialismo, las publicaciones sobre Fabricio Correa se hubieran podido detener.

Una investigación periodística de diario Expreso reveló los contratos millonarios con el Estado de empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República. Ello desató un debate sobre la ética, supuestos privilegios y presuntas irregularidades en el manejo público.

Rafael Correa, en primera instancia, dijo que no había nada ilegal en el asunto, aunque luego ordenó la terminación unilateral de los contratos, hecho criticado por varios juristas que aseguran que con ello el Estado tendrá que indemnizar a las empresas.

EL UNIVERSO reveló luego más detalles sobre el escándalo, entre esos los de un préstamo de la CFN que se hizo al hermano del Presidente sin cumplir varias condiciones legales. El tema ha ido creciendo con diversas publicaciones de la prensa ecuatoriana, en las que incluso ex funcionarios aseguraron que con antelación se había advertido al Primer Mandatario de los contratos de su hermano. Rafael Correa siempre ha negado haber conocido los negocios que hacía Fabricio con el Estado, quien ahora se ha dedicado a ser un fuerte crítico de la gestión de los colaboradores cercanos del Presidente, a los que acusa de actos de corrupción.

PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN
DEL ASAMBLEÍSTA ROLANDO PANCHANA

Artículo 6. Obligaciones del afectado y los medios de comunicación antes de emitirse resolución.- Cuando el afectado por una información u opinión emitida por los medios de comunicación social, ejerciere una acción administrativa o judicial para la reparación de sus derechos afectados o para el cumplimiento de la rectificación o réplica, ni el medio ni el afectado podrán referirse a la materia de la controversia mientras ésta no se resuelva.

Si este articulado se aprueba, bastaría que cualquier persona interesada, o que se sienta perjudicada por las publicaciones, judicializara el tema para detener los trabajos periodísticos.


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